El Ayuntamiento alcanza un acuerdo con las dos funerarias que operan en la ciudad
Una vez aparcado el proyecto de funeraria pública, el Ayuntamiento y las empresas del sector que operan en Barcelona (Mémora y Altima) han pactado unos nuevos criterios para personas y familias con pocos ingresos, de tal manera que puedan acceder a entierros gratuitos o bonificados. Las funerarias, además, deberán asumir los costes e informar de los nuevos servicios de forma transparente. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a su vez, acreditarán que la situación de las familia que lo soliciten y, en función de su renta, se fijará si se tiene derecho a un servicio gratuito o bonificado.
Así las cosas, el acceso a estos entierros se basará en el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que establece cada año el Parlamento y que está fijado en 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales. Las personas o unidades familiares que tengan un IRSC igual o inferior al 0,66 de este indicador tendrán acceso al servicio gratuito, que incluirá información y asesoramiento, recogida y atención al difunto, ataúd y traslado del cadáver a un cementerio o crematorio de Barcelona. Es decir, los servicios funerarios básicos, que no incluyen ni velatorio ni ceremonia, y que en Barcelona cuestan 1.800 euros. Podrán pedir la bonificación, fijada en 360 euros, las personas que no superen el IRSC, siempre que los entierros cuesten como máximo 2.500 euros, según explicó el concejal de Presidencia, Eloi Badia. Badia estimó que con la modificación decretada, que se empezará a aplicar en breve, como mínimo se doblará el número de personas que acceden a servicios funerarios gratuitos o bonificados, que son unos 300 al año, un 2 % del total.
Las dos empresas que operan en Barcelona expresaron su satisfacción por el pacto con el Ayuntamiento. En un comunicado, Mémora señala que «el diálogo es la mejor opción para afrontar los retos sociales y económicos de las familias». La funeraria Mémora recuerda que los servicios gratuitos y bonificados ofrecen «desde siempre» y que en el último año se han ofrecido a más de 300 familias.
También en un comunicado, Altima aseguró que «el principio de universalidad del servicio funerario siempre ha sido plenamente garantizado», sin que haya faltado ningún servicio. Y apunta que siempre que Servicios Sociales lo han pedido, la empresa ha asumido los gastos de los funerales. Según Altima, los llamados servicios de beneficencia representan un 2% del total de enterramientos en Barcelona.
En este contexto, el concejal del PP en Barcelona Javier Mulleras apuntó que el acuerdo demuestra que la creación de una funeraria pública es «innecesaria». «La ampliación de servicios funerarios de beneficencia era perfectamente asumible mediante la colaboración público-privada sin necesidad de crear otra empresa pública», apuntó Mulleras. Por lo que pidió al gobierno de Ada Colau que se «autoaplique» el acuerdo y que amplíe los entierros de beneficencia desde la pública Cementiris de Barcelona, de la que ha pedido rebajar tasas y precios.
La portavoz adjunta del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Recasens, celebró el acuerdo: «La ciudadanía necesita acuerdos reales y posibilistas a corto plazo, y no proyectos intangibles como la fallida funeraria pública».
Para abaratar estos servicios, ha recordado que su grupo reclama al Gobierno central pasar de un IVA del 21% a uno de un 10% en los servicios funerarios, y Recasens ha confiado en que el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez «sea receptivo ante esta petición».
Fuente: La razón
