Lucio contra todos: el funerario de Ávila que ha logrado cambiar la ley de Madrid

El propietario de la funeraria del pueblo de Isabel Díaz Ayuso llevaba casi 30 años luchando para modificar un reglamento que le parecía injusto. Lo ha logrado con la intervención de la presidenta

El 30 de enero, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó un decreto que Lucio Gabriel llevaba cerca de 30 años esperando. La noticia fue recibida con júbilo en las diáfanas oficinas de su funeraria, en Sotillo de la Adrada (Ávila), donde se apilan cajas de cartón con miles de documentos, resoluciones, leyes subrayadas y archivadores repletos de cartas pasadas por registro. «Esto ha sido la obsesión de mi vida. Mi mujer dice que no se cree nada, que ya no quiere saber nada de este tema. Pero mira, aquí está el papel».

Lucio, nieto, hijo y padre de funerarios, se convirtió en ‘lobbista’ accidental contra la llamada ‘ley de las 24 horas’, una regulación sanitaria que ya solo mantienen algunas comunidades autónomas —Madrid ha sido, hasta hoy, la más rigurosa en su aplicación— y que obliga a esperar un día entero antes de trasladar el cadáver de una región a otra. La norma beneficiaba a los gigantes funerarios de las grandes ciudades y perjudicaba sobre todo a las empresas fúnebres de provincias, como la suya. Estas acaban perdiendo el negocio de los vecinos que fallecen fuera. En Sotillo de la Adrada es especialmente sangrante, ya que el pueblo está a seis kilómetros de la frontera con Madrid y más de la mitad de sus vecinos trabajan o estudian allí.

Lucio se define como un tipo testarudo, pero su obsesión con la ‘ley de las 24 horas’ es difícil de adjetivar. Ha pasado cerca de 30 años reclamando ante todo el que se le ponía por delante: la Comunidad de Madrid, la de Castilla y León, ayuntamientos, el Ministerio de Economía, las autoridades europeas, en los tribunales… En este tiempo se ha reunido con políticos de todos los partidos, periodistas y funcionarios, agotado recursos judiciales y se ha presentado en despachos sin cita previa. Desde la Asociación Funeraria (AFUES), recurrió más de 50 sentencias. Y siempre para reclamar lo mismo.

Incluso ahora que tiene ya ganada la guerra, inunda la conversación con detalles técnicos, que quedan certificados a las pocas horas por correo electrónico con un aluvión de documentos. En la fase más quijotesca de su pelea, hace unos años, llegó a entregarse a una estrategia suicida: incumplir la normativa que quería derogar, lo que le acabó costando unos 100.000 euros en multas. Se llevaba los cadáveres sin esperar las 24 horas, alegando que la normativa era injusta, obsoleta y estaba superada por la legislación estatal y europea. «Esto ha sido una cabezonería, pero no podía parar porque fui yo quien lo inició. Las presiones han sido tantas que más de una vez pensé que me iban a pegar un tiro».

«Moría un amigo de toda la vida en un accidente de tráfico a diez kilómetros de aquí y no podía traérmelo»

La limitación, diseñada tres décadas atrás para controlar los efectos de la liberalización del sector y justificada con argumentos sanitarios, ha arrastrado a muchas familias a dolorosas esperas y soluciones extremas en el peor momento posible. Algunos acababan pagando dos velatorios: uno en la localidad donde se producía el fallecimiento y otro en casa. Paradójicamente, acababa resultando mucho más sencillo —y barato— llevar un féretro de Valencia al Bilbao que recorrer los 6 kilómetros que separan Sotillo de la Adrada de la Comunidad de Madrid. «Nos han pasado cosas increíbles. Moría un amigo de toda la vida en un accidente de tráfico a diez kilómetros de aquí y no podía traérmelo sin que antes pasase 24 horas en una funeraria en Madrid. Por eso no me he querido rendir nunca, porque la injusticia clama al cielo».

Lucio llevaba algún tiempo a punto de rendirse cuando vio que Isabel Díaz Ayuso se convertía en la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Cuando lo leí, supe que había esperanza», dice. «La familia de Ayuso es de aquí de toda la vida, han tenido siempre el bar con más nombre del pueblo, el de los Díaz, y la llevo viendo desde que era una niña. Mis hijos son de su quinta y este es un pueblo de 6.000 habitantes al que ella siempre ha venido mucho, así que imagínate». El alcalde del pueblo, Juan Pablo Martín Martín, es un valor al alza en el PP que en la última legislatura entró como senador. Y también le echó una mano. «Yo siempre he vivido aquí y conozco a todo el mundo. Tengo otras dos oficinas y 16 empleados, pero nunca he vivido en otro sitio. Mi abuelo abrió sus servicios funerarios aquí en 1917. Mis primeros recuerdos son los de mi padre arrastrando cajas fúnebres con una carretilla».

Ayuso contestó a las reclamaciones de Lucio Gabriel el 9 de octubre del año pasado. «Querido Lucio, querido paisano», comenzaba la carta con membrete de la Comunidad de Madrid. «Le agradezco su reciente carta, en la que me pide que se modifique cuanto antes el Decreto 124/1997 (…) de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, y quede anulada la espera de 24 horas (…)». «Comprendo bien su queja (…) Como bien dice, la modificación del Decreto ha satisfecho los trámites previos a su aprobación definitiva. Me informan de que ya se están ultimando los restantes y esperemos que, si no surge impedimento, el nuevo texto vea la luz verde en fecha próxima (…) Le envío un saludo con todo el cariño que, como sabe, siento por los sotillanos y por los habitantes de toda la comarca».

Según la Consejería de Sanidad, el cambio de normativa que Lucio llevaba casi 30 años pidiendo no solo beneficia a las funerarias situadas fuera de Madrid, sino también al 14% del total de los fallecidos cada año en la región, lo que equivale a unas 6.500 familias al año. A quienes no ha sentado tan bien es a las empresas funerarias arraigadas en Madrid. Por ejemplo, a Interfunerarias S.L.U. —la más grande de España— que se opuso enérgicamente durante la tramitación de la nueva normativa alegando distintos asuntos técnicos. Algo parecido hizo la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, oponiéndose abiertamente en las alegaciones a la «posibilidad de los traslados de los fallecidos fuera de la Comunidad de Madrid mediante una simple comunicación» ya que podría ocasionar «graves problemas (…) en los fallecimientos en los que se precise intervención judicial». Argumentos que han sido desoídos por primera vez desde que Lucio empezó su batalla.

FUENTE: EL CONFIDENCIAL. www.elconfidencial.com

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